Es temporada de elecciones. En un mundo ideal, o al menos razonable, estaríamos debatiendo y conversando sobre los temas que impactan nuestra vida diarias: lo que necesitan las personas, las familias, las comunidades y el estado para poder prosperar. Lamentablemente, la retórica política suele resaltar nuestras divisiones y hacernos creer que estamos irremediablemente enfrentados y en desacuerdo.
Sin embargo, la gente de Arizona está más de acuerdo de lo que pensamos.
Mi área de estudio (y obsesión) es el acceso equitativo a una educación de calidad, tanto en K-12 como en la educación superior. Y resulta que no estoy sola: desde 1948, las Naciones Unidas han afirmado repetidamente que el acceso a una educación de calidad, incluyendo la educación superior, no es un privilegio, sino un derecho humano. Además, datos del Centro para el Futuro de Arizona muestran que la mayoría de los arizonenses, independientemente de su afiliación política, creen en la inversión en escuelas, colegios y universidades. Más del 79% de los votantes están de acuerdo en que nuestras universidades públicas y colegios comunitarios son fundamentales para el futuro del estado, y la mayoría apoya la idea de que todas nuestras escuelas deben tener los recursos necesarios para brindar una educación de calidad, sin importar el origen o el lugar de residencia de los estudiantes.
Y tienen razón. La economía de Arizona está creciendo, y con ella la necesidad de más personas con educación postsecundaria. Los empleos que requieren un grado asociado o de bachiller (licenciatura) han aumentado en la última década y seguirán haciéndolo. Aquellos con títulos postsecundarios no solo ganan más, sino que también tienen mejor salud y acceso a más oportunidades. Si Arizona aumentara el número de estudiantes en instituciones postsecundarias en un 20%, los beneficios—mayores ingresos, mejor salud, reducción de costos en criminalidad y asistencia social, y aumento de la productividad laboral—generarían más de $5 mil millones en ganancias por cohorte.
Sin embargo, entre los cincuenta estados, Arizona actualmente ocupa el puesto #48 en financiamiento para la educación pública K-12, y sólo el 41% de nuestros estudiantes de tercer grado pueden leer al nivel requerido para su grado. En matemáticas nos va aún peor, con sólo el 27% de los estudiantes de octavo grado mostrando un dominio adecuado en pruebas estandarizadas. Mientras tanto, la tasa de graduación de la escuela secundaria se mantiene en un 77%, una de las más bajas de la nación. El financiamiento para la educación superior es igualmente preocupante: Arizona ocupa el tercer lugar más bajo del país en inversión estatal, con una creciente escasez de 26,300 títulos de licenciatura por año durante la próxima década. Solo el 48% de los arizonenses de entre 25 y 64 años han completado un título universitario, certificado o licencia. Las estadísticas son aún más bajas para los hispanos/latinos, quienes representamos casi la mitad de los estudiantes de K-12 del estado y casi un tercio de la población total, con sólo el 31% obteniendo un título o credencial postsecundaria.
La distancia entre nuestros valores compartidos y lo que dicen y hacen los políticos es preocupante. Hace sólo unos meses, los legisladores de Arizona aprobaron recortes presupuestarios significativos que afectaron áreas vitales como la infraestructura hídrica, las autopistas y, sí, las escuelas y universidades. La disonancia es muy frustrante, pero saber que los votantes en Arizona tenemos terreno común – sin importar etnia, raza, idioma o partido político– me da esperanza.
A medida que nos acercamos al día de las elecciones, centrémonos en algo que los arizonenses realmente quieren, necesitan y en lo que están de acuerdo: nuestros hijos y comunidades merecen oportunidades educativas y el estado necesita invertir más en la educación.
Rima Brusi es puertorriqueña, colaboradora de Univisión y profesora en la facultad de Honores de Northern Arizona University.